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Intendencia de Arizpe 1786-1821

 

Implantación del régimen de intendencias en la Nueva España

Una de las principales reformas político-administrativas introducidas en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII fue el establecimiento del régimen de intendencias. Con éstas habría de aparecer un grupo de nuevos y poderosos funcionarios, los intendentes, representativos todos ellos de la burocracia estrechamente comprometida con el reformismo de los reyes de la Casa de Borbón y piezas claves en el proceso de afianzamiento del poder real.

Parecerá un contrasentido el que, bajo un gobierno que se caracterizaba por su constante empeño en centralizar el poder del Estado, se hiciera crecer el ya de por sí numeroso contingente de funcionarios que estaba al servicio de la monarquía española. Pero precisamente esas nuevas autoridades se constituían para dar al monarca un mayor margen de control sobre su propio aparato de gobierno y para contrarrestar, por otra parte, el poder que, en el ámbito de las jurisdicciones locales, ejercían los funcionarios de tipo tradicional, como eran, en el caso de las colonias, los virreyes, los alcaldes mayores o los corregidores. La relación directa que podía haber entre el rey y los intendentes permitió eludir la interferencia, muchas veces dilatoria, de los funcionarios y órganos de autoridad que mediaban entre las más altas instancias del gobierno monárquico y los gobiernos de las provincias.

La institución de la intendencia tuvo su origen en Francia. Surgida, con perfiles muy vagos, desde el siglo XVI, llegó a definirse cabalmente y a consolidarse dos centurias más tarde, durante el reinado de Luis XIV. Los intendentes contribuyeron de un modo decisivo a la centralización del poder político en Francia y fueron a la vez caracterizados ejecutores de la política absolutista, hasta que, en 1789, iniciada ya la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente decretó la desaparición del cargo en aquel país.

La primera intendencia que se creó en América fue la de la isla de Cuba. Se estableció el año de 1764 y fue una intendencia general de ejército, es decir, con funciones más bien orientadas a la administración militar. Al año siguiente entró en funciones una intendencia similar en la Luisiana, provincia recién adquirida entonces por el soberano español.

Durante el periodo de su visita a la Nueva España, José de Gálvez redactó, conjuntamente con el virrey marqués de Croix, un documento titulado Informe y plan de intendencias que conviene establecer en las provincias de este reino de Nueva España. Allí se proponía, en suma, el pronto restablecimiento del régimen de intendencias en toda la Nueva España como una medida necesaria para mejorar la administración pública.

El plan mereció la aprobación real, pero hubieron de pasar algunos años antes de que el régimen de intendencias se estableciera formalmente en toda la Nueva España. En un principio se hicieron algunas designaciones de intendentes en forma aislada. La primera resultó puramente nominal: en 1770 se extendió nombramiento de intendente a favor de Eusebio Ventura Beleña a quien se pretendía comisionar para que ejerciera el cargo en Sonora y Sinaloa.

La Real ordenanza de 1786, más que un conjunto de disposiciones reglamentarias para el ejercicio de un cargo burocrático específico, resultó un ordenamiento legal de más amplios alcances, que modificó, en mayor o menor grado, las funciones de todos los órganos de gobierno existentes en la colonia. Esto fue así por virtud de la amplia autoridad concedida a los intendentes y la diversidad de los asuntos que fueron de su competencia.

Las intendencias como división política de la Nueva España en 1786, año en que se instituyen como órgano administrativo, se crearon doce en total bajo esta denominación, entre ellas la de Arizpe que es donde se encontraba la hoy geografía del Estado de Sinaloa.

Los intendentes de provincia, que son los que más particularmente nos interesa mencionar aquí, tenían jurisdicción sobre cuatro “causas” u órdenes de asuntos. Eran las causas de justicia, hacienda, guerra y fomento, esta última llamada “de policía”. No gozaban los intendentes de una autoridad absoluta en estas cuatro aéreas de competencia, pues estaban subordinados a órganos de autoridad y funcionarios superiores, como por ejemplo a las audiencias, en lo tocante a justicia, o a los comandantes generales, en lo relativo a los asuntos de guerra; debían además actuar coordinadamente con otras autoridades de igual rango que ellos como eran los gobernadores de las provincias. Pero abajo de los intendentes no había autoridad que no les estuviera subordinada.

En sus respectivas jurisdicciones territoriales, los intendentes estaban facultados para intervenir en los ayuntamientos, a fin de supervisar el manejo de los recursos económicos; en los pueblos de indios, para reglamentar y controlar el empleo de los bienes de comunidad.

 

 

Los intendentes gobernadores de Sonora y Sinaloa

Entre 1772 y 1777 hubo cuatro gobernadores de Sonora y Sinaloa que no ejercieron el cargo de intendente, desempeñado entonces por Pedro Corbalán: pero una vez que éste, en el último de los años mencionados, tomó posesión como gobernador de aquellas provincias — de 1770 a 1772 había estado encargado del gobierno, pero tan sólo interinamente- quedó de hecho establecido que las dos funciones, la política y lo administrativo-fiscal, fueran cumplidas por una misma persona. De este modo, los sucesores de Corbalán obraron siempre como intendentes gobernadores.

Enrique de Grimarest debió ser el sucesor inmediato de Corbalán, pero, aunque fue nombrado para ello en 1787, no llegó a la región para tomar posesión del cargo sino hasta tres años más tarde. Mientras tanto fue Pedro Garrido Durán, secretario de la Comandancia General de las Provincias Internas, el que obró como intendente gobernador de Sonora y Sinaloa, bien que en forma interina.

La gestión de Garrido Durán, aunque breve, es interesante porque a dicho funcionario le correspondió organizar la intendencia conforme a lo establecido en la Real ordenanza de 1786. Mandaba ésta que, en los diferentes partidos de la intendencia (o sea en las jurisdicciones antes llamadas provincias), se nombraran subdelegados, a fin de que éstos sustituyeran a los antiguos alcaldes mayores. En atención a ello, Garrido Durán estableció once subdelegaciones en los territorios bajo su jurisdicción: San Antonio de la Huerta, Cieneguilla, Ostimuri, Álamos, El Fuerte, Culiacán, Sinaloa, Copalá, Maloya, Cosalá y El Rosario.

 

 

 

GOBERNADORES E INTENDENTES DE SONORA Y SINALOA 1770-1821

 

 

Gobernadores

Pedro Corbalán 1770-1772

Mateo Sastre 1772-1773

Manuel de la Azuela 1773

Bernardo de Urrea 1773

Francisco Antonio Crespo 1773-1777

Intendentes

Pedro Corbalán 1770-1777

 

Intendentes-gobernadores

Pedro Corbalán 1777-1787

Pedro Garrido y Durán 1787-1789

Enrique de Grimarest 1789-1793

Alonso Tresierra y Cano 1793-1796

Alejo García Conde 1796-1813

Ignacio Bustamante 1813

Alonso Tresierra y Cano 1813-1814

Antonio Cordero 1814-1817

Ignacio Bustamante 1817-1818

Manuel Fernandez Rojo 1818

Ignacio Bustamante 1818-1819

Juan José Lombán 1819

Antonio Cordero 1819-1821

 

Tomado de: Historia General de Sonora, volumen II, De la Conquista al Estado Libre y Soberano de Sonora, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo 1985.

 

 

Intendencia de Arizpe en la Nueva España

Mapa de la Intendencia de Arizpe 1786-1821

 

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Mapa de la Intendencia de Arizpe 1786-1821
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La ubicación geografica de la Intendencia de Arizpe (hasta 1821) en la Nueva España, en el hoy noroeste de México.

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