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El Obispado de Sonora siglo XVIII

 

Durante la colonia en el siglo XVII el Obispado de Durango tenía jurisdicción sobre todo el noroeste y buena parte del norte de lo que hoy es la República Mexicana, por lo que Sinaloa, Sonora, las bajas californias, Chihuahua y Coahuila lo integraban.

La idea de formar un obispado que comprendiera los territorios de Sonora y de algunas otras provincias costeras del golfo de California empezó a mencionarse por lo menos desde la segunda década del siglo XVIII. Aquello no pasó de ser en un principio más que una iniciativa aventurera, que seguramente tenía más opositores que partidarios.

La Compañía de Jesús no hubiera podido ver con simpatía un proyecto tal, pues precisamente la lejanía de las autoridades diocesanas (los obispos de Durango y Guadalajara) resultaba ventajosa para los misioneros jesuitas que actuaban en la región y favorecían la pervivencia del sistema misional que ellos habían formado. El posible apoyo tampoco podía venir del obispo de Guadalajara, al que se le reconocía jurisdicción sobre la Antigua California, o del de Durango, a cuya diócesis pertenecían las provincias de Sonora y Sinaloa; para los dos, la erección de un obispado en el noroeste del país había significado una pérdida territorial. A todo esto se agregaba el hecho de que las condiciones económicas y sociales de la región no eran en verdad favorables para fundar y sostener una institución eclesiástica como la que se proponía.

Pero la situación no fue la misma cuando se inició el último tercio del siglo. Un acontecimiento fundamental ocurrió entonces: la expulsión de los jesuitas. Dado que se pretendía aprovechar la ocasión de la salida de los ignacianos para secularizar el mayor número posible de misiones, el entonces obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, pugnó porque se le asignaran, en calidad de curatos, los mas prósperos pueblos anteriormente administrados por los jesuitas. Tamaron murió cuando se hallaba empeñado en esta pretensión, si bien alcanzó a colocar en Sonora y Sinaloa a varios clérigos dependientes suyos.

Pero la idea que tenían algunas altas autoridades civiles no era entonces la de adjudicar nuevos curatos a un obispado de suyo extenso como el de Durango, sino la de promover la constitución de una nueva diócesis. Cuando José de Gálvez y el marqués de Croix propusieron la creación de una comandancia en las provincias del noroeste también recomendaron la erección de un obispado.

De hecho, al aprobar el plan para el establecimiento de la comandancia, el rey expresó su conformidad con la idea de constituir la nueva diócesis. Pero el asunto, como era habitual que pasara con otros proyectos sancionados por el rey, tardó algún tiempo en entrar en vías de realización. El comandante Teodoro de Croix hizo llegar a la corte española apremiantes recomendaciones para que se apresurara la creación del obispado, mientras José de Gálvez, por su parte, hacía lo posible por impulsar los obligados trámites del caso, como eran la obtención de pareceres de altos prelados de la iglesia española y el acuerdo del Supremo Consejo de Indias.

Un agente diplomático del rey de España, el duque de Grimaldi, empezó luego a mover el asunto en la Santa Sede, hasta que, por fin, el 7 de mayo de 1779, el papa Pío VI expidió la bula titulada Inmensa divinae pietatis charitas, por la que se decretó la erección del obispado de Sonora, que habría de formarse con las provincias de Sonora y Sinaloa, segregadas del obispado de Durango, y la de Californias, que se separaría del obispado de Guadalajara.

Se procedió entonces a seleccionar un candidato para ocupar la nueva silla episcopal. El Supremo Consejo de Indias presentó ante el rey las candidaturas de tres clérigos, dos de ellos franciscanos. De estos, uno era fray Juan Ramos de Lora, del Colegio de San Fernando de México, quien había sido misionero de las Californias y que más tarde fue obispo en Venezuela; el otro era fray Antonio de los Reyes, del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, religioso que poco antes había sido presidente de las misiones de la Pimería Alta. El escogido por el rey fue el segundo a quien apoyaba José de Gálvez. Hecha luego la presentación ante el papa (recuérdese que, por virtud del Real Patronato, el soberano español podía presentar a la Santa Sede candidatos para los obispados), en 1780 fray Antonio fue designado primer obispo de Sonora.

Era costumbre que antes, de tomar posesión de su cargo, los obispos electos juraran que serían leales al rey y respetuosos del Real Patronato. Este juramento lo hizo fray Antonio en España, donde se hallaba residiendo a la sazón, luego de lo cual, y trayendo en su poder las “ejecutoriales’, respectivas, o sea el decreto real que lo reconocía como obispo, se traslado a la Nueva España. A Álamos llegó en mayo de 1783, y en septiembre de ese mismo año entró en Árizpe, donde estaba dispuesto que estableciera la sede de su obispado.

Los primeros obispos de Sonora

Cinco fueron los obispos que la mitra sonorense tuvo durante la época colonial. El primero, como hemos visto, fue fray Antonio de los Reyes, nacido en Alicante, España. Antes de ser obispo, fray Antonio laboró como misionero en las provincias de Texas y Nuevo Santander (Tamaulipas), así como en la Alta Pimería, donde, a más de la presidencia de las misiones, tuvo a su cargo la misión de Cucurpe. Pese a tales antecedentes, el obispo De los Reyes se manifestó opuesto a las formas tradicionales de organización misional, por lo que tuvo relaciones muy conflictivas con varios de los misioneros que actuaban en Sonora y con las autoridades de los colegios apostólicos de propaganda fide (el de Santa Cruz de Querétaro, al que él había pertenecido, el de Guadalupe de Zacatecas y el de San Fernando de México). Aunque, como se ha dicho, la sede prevista para el obispado era la ciudad de Arizpe, fray Antonio estableció su residencia en Álamos, donde murió el 6 de marzo de 1787.

También franciscanos fueron los tres inmediatos sucesores de De los Reyes. Fray José Joaquín Granados (1788-1794) había sido guardián del convento de San Buenaventura, en Michoacán, y después de ser obispo de Sonora fue trasladado a Durango con igual cargo. Era español también, oriundo de Málaga. Granados fue sustituido por Fray Damián Martínez Galizonga (1794-1796), ex-guardián del convento grande de San Francisco de México y nativo de Murcia, España. Dejó la mitra sonorense por haber sido electo obispo de Tarazona, en su país de origen. El otro obispo franciscano fue fray Francisco Rousset de Jesús y Rosas (1798-1814), criollo, natural de la isla de Cuba. Murió en Imala, Sinaloa, el 29 de diciembre de 1814.

Ocupó luego la silla episcopal sonorense un carmelita descalzo, fray Bernardo del Espíritu Santo Martínez y Ocejo (1817-1825), español, nacido en Santander, hombre intransigente y caracterizado por sus radicales ideas en favor del absolutismo monárquico y contrarias a la independencia de México. Falleció el 23 de julio de 1825, en Concordia, Sinaloa.

Ninguno de estos obispos se estableció de fijo en la ciudad de Árizpe. Granados, como De los Reyes, residió casi todo el tiempo en Álamos. En 1795, fray Damián Martínez estableció la sede episcopal en El Rosario, Sinaloa, de donde más tarde, en 1799, fue trasladada a Culiacán por el obispo Rousset. Digamos aquí de paso que Culiacán continuó siendo sede del obispado de Sonora hasta el año de 1883.

Los problemas de la nueva diócesis

La creación del nuevo obispado se tuvo como una medida que habría de contribuir al logro de los objetivos de las reformas borbónicas en el ámbito regional. Era, por una parte, un medio para impedir que los miembros del clero regular (los franciscanos que entraron a sustituir como misioneros a los jesuitas) llegaran a representar un poder regional como antes había pasado con los padres de la Compañía de Jesús. Teníase por cierto que el obispado podía ser un factor decisivo en el proceso de secularización de las misiones. Se esperaba, por la otra parte, que la formación de la nueva diócesis abriera la posibilidad de hacer efectivo el pago de ciertos impuestos eclesiásticos, tales como los diezmos, que antes habían sido por completo desconocidos por la población sonorense.

Podrá extrañar el que, siendo propósito de las autoridades civiles el no dar a los misioneros franciscanos más beligerancia que la estrictamente indispensable para el cumplimiento de su ministerio, haya sido un miembro de la orden de San Francisco el escogido para poner en marcha el obispado. Esto se explica por la actitud manifiesta de fray Antonio en contra de la organización misional y, sobre todo, por su insistencia ante la corte española en que las misiones del noroeste novohispano se sustrajeran del control de la provincia de Santiago de Jalisco y de los colegios apostólicos de propaganda fide.

En relación a esto último hemos de decir que el franciscano promovió la iniciativa de crear en las Provincias Internas varias custodias, una de ellas en Sonora. El empeño que mostró fray Antonio por conseguir que se adoptaran resoluciones para transformar el régimen misional en el noroeste fue algo que le permitió ganar la confianza de José de Gálvez y que le allanó el camino para la dignidad episcopal.

De cualquier forma no sería fácil que los objetivos que se pretendían alcanzar con la erección del obispado quedaran cumplidos en poco tiempo. La existencia misma de ese cuerpo diocesano no podía consolidarse sino en la medida en que se produjera en la región toda una serie de transformaciones sociales, económicas y administrativas, lo que hubo de ser necesariamente un proceso lento que muchas veces obligó a los obispos y a las autoridades civiles a obrar sin precipitación y a tolerar situaciones de hecho, en beneficio de la tranquilidad de la provincia. Los misioneros no dejaron de presentar cierta oposición a la política episcopal, sobre todo a la de fray Antonio de los Reyes.

La presencia de un obispo en Sonora y Sinaloa era algo por completo inusitado, sin precedentes, y, por tanto, un suceso extraño dentro de la vida de la población. Poco espectacular fue la llegada de fray Antonio de los Reyes a Árizpe el 23 de septiembre de 1783. El alto dignatario de la Iglesia se había dirigido a ese lugar para tomar posesión de su sede, pero allí no hubo multitudes que lo vitorearan sino unos cuantos indios ópatas y poquísimos españoles que, con cierta indiferencia, lo vieron llegar. Desde lejos, dice el propio fray Antonio, lo observaban los jefes de la comandancia, no el comandante, con quien el prelado se entrevistó más tarde. Al comandante general Felipe de Neve le comunicó el obispo algunos de sus propósitos inmediatos, el más importante de los cuales era el establecimiento de la custodia, para lo cual fray Antonio traía consigo las autorizaciones y demás instrumentos legales pertinentes. El obispo y el comandante tomaron desde luego algunos acuerdos relacionados con la política a seguir respecto de los pueblos misionales. Estuvieron de acuerdo en que los ministros religiosos siguieran haciéndose cargo de la administración de las temporalidades de dichos pueblos, lo que era una práctica que en realidad se pretendía suprimir. Convencidos de que las circunstancias obligaban a la prudencia, los conferenciantes apuntaron que había “la dura necesidad de permitir algunos males”.

Se acordó asimismo esa vez que los indios habían de aportar uno o dos días de trabajo a la semana para el cultivo de las tierras de la misión y la reedificación de las iglesias, que debía estrechárseles para que trabajaran sus parcelas y que sólo se permitiera la salida de un tercio de la población para trabajar en las minas y placeres, que se suprimieran los mandamientos (o “sellos”) por los que los alcaldes mayores obligaban a los indios a servir en ranchos, haciendas y minas de particulares, que se castigara ejemplarmente, incluso con la pena de muerte, la vagancia de indios y castas, y que en los pueblos en que radicara gente de origen español los órganos locales de autoridad se integraran de un modo mixto, con indios y españoles.

Este acuerdo es interesante como expresión de una actitud política. Muestra el intervencionismo del obispo en los asuntos de misiones; también nos hace ver que no se pretendía violentar excesivamente las cosas para acabar con el régimen misional sino ir minando a este paulatinamente. La acción del obispado necesitaba apoyarse en la existencia de curatos y éstos solo podían llegar a multiplicarse realmente cuando los pueblos de indios dejaran de estar bajo el estatuto misional. La secularización de las misiones hubo de hacerse en forma lenta, a veces por no inquietar a los indios y a veces también por la falta de clérigos que se hicieran cargo de los nuevos curatos.

De las cosas que había que arreglar primeramente, una de las que más urgía definir era la relativa a los límites del obispado. Desde el ano de 1781, el rey había encomendado a Pedro Galindo Navarro, auditor de guerra de la comandancia, que hiciera la delimitación respectiva. No había problema en cuanto a los límites occidentales, puesto que allí el mar imponía una frontera natural; tampoco en la parte norte, que se mantuvo como frontera indefinida. Pero sí fue necesario demarcar con precisión los límites por el sur y el oriente, donde los territorios del obispado de Sonora confinaban con las diócesis de Guadalajara y Durango, respectivamente. El deslinde solo quedo concluido hasta 1790.

En cuanto a la sede del nuevo Obispado de Sonora ya vimos que oficialmente se le dio ese carácter a la ciudad de Árizpe, pero que en realidad los obispos residieron sucesivamente en Álamos, El Rosario y Culiacán. El obispo Granados, que alguna vez elogió las condiciones de Árizpe, luego rectificó sus opiniones y abogó porque la sede del obispado se estableciera mejor en Ures. La sugerencia era de todas maneras innecesaria porque de hecho la autoridad episcopal había establecido su centro en lugares más meridionales, lo que se explica por el hecho de que en el sur había más población, esta se hallaba más concentrada y las condiciones económicas eran más favorables para que el obispado se fuera consolidando. La catedral que fray Antonio de los Reyes se negó a erigir en Arizpe, quedaría finalmente edificada en Culiacán.

Entre los más graves problemas que los obispos hubieron de enfrentar figuraban señaladamente el de la falta de clérigos y el de las dificultades que había para que los curas contaran con suficientes recursos para su sustentación. Las poblaciones eran pequeñas y muy dispersas, sobre todo en Sonora, y muchos curatos hubieron de ser extremadamente pobres. El obispo Granados propuso en 1789 que se impusiera una contribución anual de dos pesos a los indios, de cuatro a las castas y españoles pobres y de veinticinco a los mercaderes, hacendados y mineros, a fin de que con esos re¬cursos se sostuvieran los curas párrocos y se crearan en la región escuelas de primeras letras y cátedras de gramática. No sabemos si esto se llevó a la práctica, pero la propuesta en sí muestra las dificultades que había para el sostenimiento de los clérigos. Los mismos obispos percibían de la real hacienda una compensación anual de cinco mil pesos, ya que de otra manera los prelados no habrían tenido ingresos suficientes para su manutención.

 

Tomado de: Historia General de Sonora, volumen II, De la Conquista al Estado Libre y Soberano de Sonora, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo 1985.

 

 

Obispado de Sonora siglo XVIII

Mapa del Obispado de Sonora siglo XVIII

 

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El Obispado de Sonora en el siglo XVIII
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Mapa de la extensión territorial de influencia del Obispado de Sonora en el siglo XVIII.

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